Estado, en deuda con los menores en riesgo social

Administradores de estos centros en Panamá califican de ´irrisorio´ el aporte que brinda el Gobierno para la atención de los niños.

DIDIER HERNÁN GIL GIL / ROSALÍA SIMMONS

panorama@prensa.com

COMPROMISO. Se debe velar por el bienestar, educación, alimentación y salud de 12 mil 643 menores de 18 años. De esta cantidad, 4 mil 27 son niños y 8 mil 616, adolescentes. LA PRENSA/Iván Uribe.

12/10/2014 - Los albergues para menores de edad en riesgo social enfrentan una situación crítica, ya que subsisten con el apoyo de donaciones privadas, toda vez que el Estado no asigna suficientes recursos para su funcionamiento.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que administran estos centros tienen en su custodia a 12 mil 643 menores de edad, a los que deben brindar alimentación, educación y atención médica, pero el recurso estatal es poco.

La directora nacional de Subsidios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Larisa Valderrama, expresó que en septiembre se distribuyó $400 mil entre 95 ONG.

Afirmó que, como mínimo, las fundaciones reciben anualmente un subsidio de $12 mil y un máximo de $100 mil; sin embargo, depende del cumplimiento en la presentación de sus informes de gasto mensual.

Datos del Mides dan cuenta que en 2013, de los $4.6 millones entregados a comedores, albergues y otras atenciones sociales, se destinó $3 millones para atender a 4 mil 27 niños y 8 mil 616 adolescentes (ver tabla).

Ante ello, asociaciones como Aldeas Infantiles SOS Panamá, el Orfelinato San José de Malambo y el Hogar Dr. Samuel R. Fraizer coinciden en que los recursos son insuficientes porque el costo de la vida ha aumentado en los últimos años.

REALIDAD INQUIETANTE

La falta de dinero ya comenzó a tocar puertas de albergues para menores, incluso, se piensa en su cierre.

El presidente de la junta directiva de las Aldeas Infantiles SOS Panamá, Domingo Barrios, advirtió que más de 500 niños y jóvenes que atienden en sus instalaciones en las provincias de Panamá, Colón, y los distritos de Penonomé, en Coclé, y David, en Chiriquí, podrían quedarse sin hogar de protección.

La situación obedece, según él, a que la organización mundial de las Aldeas SOS les hizo un recorte presupuestario de $500 mil este 2014.

Detalló que su presupuesto anual para sufragar la estancia de los niños y jóvenes es de $2.3 millones, y el Estado solo aporta $71 mil al año.

En alimentación, la organización invierte $1 millón 71 mil para atender a los menores referidos por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y por los juzgados de familia. Es decir, el subsidio solo representa el 3% de los gastos.

Para Barrios, “el Estado ha sido un mal padre con sus niños en riesgo social, ya que nunca ha gestionado una ley que garantice su tutela”.

Otro hecho que mantiene en zozobra a directivos de la agrupación es que los países europeos han retirado la ayuda porque están inmersos en la crisis económica.

Además, el desarrollo humano y económico de Panamá ha influido, ya que es considerado como un país rico, pues en 2013 el crecimiento económico fue 8.4%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Pero los albergues de las Aldeas Infantiles SOS Panamá no son los únicos que enfrentan inconvenientes, ya que la organización decidió cerrar instalaciones en Brasil y Argentina.

HISTORIA SE REPITE

Un panorama similar se vive en el Orfelinato San José de Malambo, destacó la directora Idian Reiss, conocida como sor Lourdes.

Detalló que el presupuesto anual para sostener el centro asciende a $1.5 millón y la mayor parte es para cubrir necesidades básicas de los 130 infantes y adolescentes que residen en sus instalaciones de Arraiján.

De ese total, solo $320 mil son los aportes del Gobierno Central, cifra que, a su juicio, es “irrisoria”.

“Esa cantidad de dinero no es justa en lo absoluto; todos los niños que se encuentran en el hogar San José de Malambo y en otras organizaciones son del Estado, por tanto deben sufragar sus necesidades”, señaló.

Sor Lourdes manifestó que en los primeros 100 días de esta administración no ha logrado un acercamiento con el ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez, para buscar una solución al problema.

En tanto, Gladys viuda de Fraizer, representante legal del Hogar Dr. Samuel R. Fraizer, ubicado en el corregimiento de El Rincón, en Veraguas, dijo que gastan $70 mil anuales y solo $41 mil provienen del Estado.

“Agradecemos la ayuda, pero lo que recibimos no nos alcanza”, expresó.

Tanto sor Lourdes como de Fraizer plantean que el Estado debe incluir en su presupuesto general un monto específico para ayudar a las organizaciones que brindan un hogar a estos niños.

COMPROMISO PENDIENTE

El ex secretario ejecutivo de Protección Social del Mides, Jorge Torregrosa, dijo que el Estado debe voltear la mirada a esta población desprotegida.

Añadió que es irónico que los diputados estén presentando proyectos de subsidios absurdos, cuando deberían legislar para los que verdaderamente lo necesitan.

Entre las últimas propuestas presentadas en la Asamblea Nacional está el otorgar $480 a las embarazadas que no gozan de los beneficios del programa de maternidad de la Caja de Seguro Social, que costaría al Estado $20 millones por año.

También, la que daría un subsidio de $180 anuales a los jóvenes y adultos que estudian en escuelas nocturnas.

En tanto, el titular del Mides, Alcibiades Vásquez, destacó que hace una semana se reunió con técnicos de políticas públicas de la entidad, con la primera dama Lorena Castillo y el Comité de Primera Infancia para analizar esta grave situación.

Por el momento, el primer paso es reunirse con las ONG encargadas de los albergues y gestionar con el Ministerio de Economía y Finanzas los recursos necesarios.

Por su lado, la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, Idalia Martínez, indicó que ha sostenido encuentros con los encargados de los hogares sustitutos para conocer su situación.

Recordó que la intención de un albergue es que los menores no permanezcan allí un largo período, sino que, al menor tiempo posible, puedan ser ubicados en un hogar.

ENFOQUE

'Es un tema de política de Estado'

Retos. Panamá debe, por mandato constitucional, tomar mayor protagonismo en la protección de la familia. La falta de interés y descuido de la permanente base de toda sociedad, la familia, ha comenzado a dar sus frutos. Hogares fracturados, niños sin horizontes, valores y afecto son algunos de los “efectos secundarios” que produce la falta de observancia del Estado respecto a la familia y su entorno. Urge una “política de Estado para protección de la familia”.

Los juzgados de familia parecieran “no resolver” estos problemas. Considero que “desde el Estado” es labor para el despacho de la primera dama procurar el monitoreo de estos niños y garantizarles una educación formal gratuita, evitando así que en un futuro sean carga para el Estado. De allí la necesidad de un presupuesto permanente a estas entidades encargadas de velar por esta población. Educación, recursos y una política de Estado de protección a la familia son los grandes desafíos para un Gobierno que abandone el “concreto” por una agenda social.

*Expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede)