martes, 27 de mayo de 2014

TVN: Aumentan abusos sexuales contra menores

​Las cifras de menores que son víctimas de abuso sexual son alarmantes, ya que existen unas  4 mil 431 denuncias de abusos contra la libertad e integridad sexual.
Según el Ministerio Público, 80 por ciento de las víctimas son menores de edad, solo de los casos que han sido reportados hasta el año 2013. ​
La fiscal Primera de Delitos Sexuales, Kathia Meléndez, indicó que "cuando el menor oscila entre los 14  a  18 años estamos hablando de violación y la pena es hasta 15 años".
La directora ejecutiva de la Fundación Unidos por la Niñez, Jennie Barb,lamentó lo que se está viviendo en Panamá, y aseguró que hay incluso bebés que son abusados.
En nuestro país no existe un sistema de protección integral que ayude a que quienes cometan estos delitos y que sean juzgados de forma inmediata.
Para la representante de UNICEF en Panamá, Alma Jenkins Acosta​, otro de los problemas a los que hay que enfrentarse es que quienes son abusados no se atreven a denunciar y los casos quedan como si nada.
Por su parte, la directora de La Asociación Panameña para la Planificación Familiar (APLAFA), Juana Cooke, indicó que en muchos casos la persona juega con el autoestima del niño para abusar contra su integridad sexual, o  es manipulado y amenzado a través de pensamientos de temor hacia su familia.
No obstante, lo que sigue siendo terrible es que la mayoría de los menores son abusados por su propios padres o algún familiar cercano. 

miércoles, 14 de mayo de 2014

Cada 12 horas abusan sexualmente de un menor de edad en Panamá

ÁNGEL LÓPEZ GUÍA

DE LA PRENSA
alopez@prensa.com

LA PRENSA/Ricardo Iturriaga
TEMAS:


informe violaciones en panamá contraloría
14/05/2014 - Cada 12 horas un menor de edad es víctima de abuso sexual en Panamá. Así lo revela un informe estadístico de la Contraloría General de la República al que tuvo acceso La Prensa y en el que se recogen las cifras de niños, niñas y adolescentes atendidos en juzgados de niñez y adolescencia durante el año 2012.
El informe oficial revela que en total 728 menores fueron atendidos por abusos sexuales en los juzgados de niñez y adolescencia, por lo que el promedio de un caso reportado cada 12 horas no incluye las llamadas cifras ocultas, es decir, aquellos casos no reportados por diversas circunstancias.
En cuanto a la edad de los niños que llegaron a un juzgado por haber sido víctimas de este delito, el informe de destaca que 76 casos eran niños menores de cinco años.
Continuando con el rango de edad siguen 107 casos de niños entre seis y 10 años, 301 casos de jóvenes de 11 a 15 años y 127 casos de adolescentes de 16 y 17 años.
El informe también refleja que en 117 expedientes, no se pudo constatar la edad del menor abusado.


En cuanto al sexo de los menores abusados, el 83% de los casos, es decir 604 víctimas, eran niñas.


Dentro de las víctimas reportadas, el reporte destaca que en 121 casos, es decir el 16.6%, los menores a pesar de estar edad escolar, no asistían a clases.
Esta cifra podría ser incluso mayor si se toma en cuenta que en 251 de los casos (34.4%), no se especifica si la víctima iba o no a la escuela.


El informe oficial también detalla que dentro de los casos contabilizados, 11 eran por reincidencia, por lo que sería la segunda, tercera o cuarta oportunidad en que el menor acude al juzgado por ser víctima de abuso sexual. 


Al analizar la estructura familiar de los menores víctimas de abuso sexual, el documento revela que solo en el 18.6% de los casos, los menores vivían con ambos padres. La mayor cantidad de víctimas (354 casos) equivalente al 48.6%, vive solo con su madre.


El documento oficial también revela la localización por provincia o región del país en donde han sido atendidos los casos de abuso. De los 728 casos reportados en los juzgados, a 677 niños les otorgaron una medida de protección. Esta estadística permite conocer que de los 677 medidas otorgadas, la mayor cantidad de casos ocurrió en el tribunal de menores de Veraguas (220 casos), seguido de los tribunales 1 y 2 de Panamá (156), San Miguelito (104) y Colón (101).


ADOLESCENTES QUE ABUSAN
El documento oficial de la Contraloria también revela el otro lado del abuso sexual; el de los adolescentes que también llegan a los juzgados por cometer este delito.
En este caso, el informe revela que en el año 2012, un total de 582 jóvenes fueron juzgados por cometer abusos sexuales. De esta cantidad de menores de edad, 46 eran reincidentes.


Incluso, al conocer el sexo de los abusadores, el reporte de la Contraloría revela que cuatro adolescentes (sexo femenino) fueron juzgadas por cometer delitos contra el pudor y la libertad sexual.


Al igual que en los casos de menores abusados, las estadísticas de los adolescentes que van a un juzgado por haber cometido abuso sexual a otro menor, no incluyen las llamadas cifras ocultas, por lo que la cantidad de jóvenes que incurre en este delito es aún mayor.
¿CÓMO SE REALIZÓ ESTA NOTA?
El pasado seis de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo dio a conocer en su página web, el informe titulado Volumen II. Estadísticas Penales (Sindicados) y de Niñez y Adolescencia: año 2012.
Para esta nota La Prensa expuso las estadísticas en manera gráfica y dio forma a este reportaje con los datos oficiales.

martes, 13 de mayo de 2014

ONU advierte sobre situación de indígenas en Perú, Panamá y Canadá

Lunes 12 de mayo de 2014 - 4:55 p.m.

Los informes fueron publicados durante la apertura de la trigésima sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
EDUARDO GRIMALDO / LA ESTRELLA DE PANAMÁ
Comarca Ngäbe-Buglé (Panamá).
EFE
online@laestrella.com.pa

Naciones Unidas advirtió hoy sobre la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas de Perú, Panamá y Canadá y subrayó la necesidad de hacer más esfuerzos para salvaguardar los derechos de esas poblaciones.
La ONU considera que los problemas se dan a pesar de que existen en todos esos países marcos legales adecuados y esfuerzos de las autoridades para proteger a las comunidades, según señaló en tres informes publicados hoy el relator especial para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.
Perú
En el caso de Perúel análisis de Anaya se centra en los efectos que las industrias extractivas están teniendo en las poblaciones, que el responsable de la ONU califica de "devastadores" tanto en el ámbito social como medioambiental.
Los indígenas no están percibiendo muchos beneficios de las actividades gasísticas y petroleras, lo que ha generado entre ellos un alto nivel de descontento
Según el texto, los indígenas no están percibiendo muchos beneficios de las actividades gasísticas y petroleras, lo que ha generado entre ellos "un alto nivel de descontento y de desconfianza" hacia el Estado y el sector industrial.
Para el relator de la ONU, las autoridades peruanas están "haciendo esfuerzos importantes" para responder a los problemas que las industrias extractivas presentan para los pueblos indígenas, pero es necesario ir más allá.
Así, recomienda que el Gobierno revise el marco regulatorio para garantizar "el reconocimiento y goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras y los recursos naturales que ocupan o usan" y para impulsar la participación de estas comunidades en la planificación de las estrategias de explotación.
Además, Anaya pide que se tomen medidas para responder a los efectos medioambientales causados por varios proyectos y que se faciliten las compensaciones que demandan por ello las comunidades indígenas.
El experto subraya también la necesidad de desarrollar "nuevas fórmulas" para que los indígenas reciban directamente una parte de las ganancias que generan las actividades extractivas.
Panamá
Mientras, en el caso de Panamá, Anaya señala que pese a que el país cuenta con "un marco legal avanzando" para proteger a los indígenas, existen "problemas relacionados con la implementación y garantía" de sus derechos.
En especial, la ONU apunta a la situación en áreas como las tierras y los recursos naturales, los proyectos de inversión a gran escala, la participación, y los derechos económicos y sociales.
La ONU recalca que los indígenas continúan sufriendo mayores niveles de pobreza y peor acceso a servicios básicos, educación y salud
Entre otras cosas, el informe recomienda impulsar el diálogo con estas comunidades e involucrarlas en el desarrollo de una ley de "consulta previa" con los pueblos indígenas, así como respetar su derecho a elegir a sus autoridades de acuerdo con sus fórmulas  tradicionales. 
Anaya recalca además que los indígenas continúan sufriendo mayores niveles de pobreza y peor acceso a servicios básicos, educación y salud, por lo que pide aumentar los recursos para reducir la disparidad con el resto del país.
Canadá
Por último, el relator de la ONU publicó hoy un informe sobre la situación de los indígenas en Canadá, donde considera que las iniciativas llevadas a cabo para responder a los problemas de esos pueblos "han sido insuficientes".
Mujeres y niñas indígenas siguen siendo vulnerables a los abusos
Entre otras cosas, Anaya critica que la "brecha de bienestar" entre la población aborigen y el resto no se ha reducido en los últimos años y que las mujeres y niñas indígenas siguen siendo "vulnerables a los abusos".
Además, recuerda que siguen sin resolverse numerosas reclamaciones de los indígenas y considera que estos asuntos "merecen una mayor prioridad en todos los niveles y ramas del Gobierno".
La publicación de los informes coincidió hoy con la apertura en la sede de la ONU de la trigésima sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, donde Anaya intervendrá el martes de la próxima semana.
Estos tres análisis son los últimos que el relator especial tiene previsto presentar antes de que termine su mandato, en junio de este año.

Varela retoma la bandera de la descentralización

lunes 12 de mayo de 2014 - 12:00 a.m.

La ley que en 2009 fue suspendida por el gobierno de Ricardo Martinelli entrará en vigencia el 1 de julio
ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁ
La descentralización incluye el traspaso de los recursos del Prodec a los Consejos Provinciales.
Ismael Gordón Guerrel
igordon@laestrella.com.pa

Hace cinco años, el gobierno de Ricardo Martinelli postergó, para el 30 de junio de 2014, la entrada en vigencia de la ley sobre descentralización municipal. No se pensó que ese momento llegaría, ahora quedan unos cuantos días y es muy poco lo que se ha hecho al respecto.
El argumento para aplazarla fue la necesidad de un mayor análisis de la norma. La fecha de la entrada en vigencia está por llegar y no se sabe si hubo análisis ni cuáles fueron los resultados, lo que sí es seguro es que muy poco o nada se hizo.
La descentralización de los municipios es un pendiente que deja el gobierno Martinelli.
En 2011, se creó una comisión que estudiaría el tema, pero no fue hasta marzo de 2012 que se reunió. En noviembre del mismo año, el todavía ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, anunció en el Congreso Nacional de Representantes de Corregimiento que la aplazada ley volvería al pleno de la Asamblea Nacional en enero de 2013. Hasta ahora no hay mayor novedad.
LA AGENDA PENDIENTE
El presidente electo de la República, Juan Carlos Varela, retomará el tema, así lo dejó entrever en sus primeros discursos.
Contrario a la actual administración gubernamental cuando llegó al poder, que separó el servicio de recolección de basura y eliminó de las oficinas de Planificación Municipal, encargadas de los cambios de zonificación, el nuevo gobierno se encamina en la dirección anterior.
Son dos acciones que se tomarán al asumir el poder. La primera —según el presidente electo— es que el Municipio de Panamá vuelva a tener la responsabilidad de la recolección de la basura.
Además, propondrá la creación de una autoridad metropolitana de transporte, otra de las iniciativas que ya adelantó, y que abarcará cuatro de los siete distritos principales del país.
Los municipios cumplirán con sus responsabilidades comunitarias porque ‘vamos a descentralizar de una vez por todas’, prometió Varela.
La ley viene batallando desde noviembre de 1999, cuando se presentó a las autoridades locales del país un texto de ley marco para la descentralización del Estado. El contenido fue elaborado por consultores del Banco Interamericano de Desarrollo por encargo de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA).
LA RAZÓN DE SER
El objetivo de la ley es buscar que cada municipio del país tenga solvencia económica y no reciba ‘migajas’ del gobierno.
De los $17,661.3 millones recaudados por el Gobierno central en el 2013, sólo se asignaron $220.4 millones a los 76 municipios, según datos oficiales de la Contraloría General; es decir, sólo 1.2% del ingreso total recaudado por el Estado.
Ante este panorama, la descentralización tiene el objetivo de acercar las decisiones de la administración pública a la ciudadanía, trasladando las funciones públicas al nivel de gobierno más cercano a ella, en un marco que promueva la democracia y la eficiencia económica y favoreciendo el diálogo público-privado, para promover la capacidad de los territorios y alcanzar una mayor eficacia y eficiencia del gasto público, para mejorar la provisión de los servicios básicos y agilizar la gestión pública.
La descentralización será el proceso gradual mediante el cual el Órgano Ejecutivo traslada competencias y responsabilidades, transfiriendo, para tal efecto, en el marco del Plan Estratégico de Gobierno y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los recursos para la implementación de políticas públicas provinciales, comarcales y municipales.
Además, la ley ordena transferir recursos financieros para la implementación de políticas públicas municipales en el marco de una activa participación de los ciudadanos sobre la gestión gubernamental y el uso de recursos.

lunes, 12 de mayo de 2014

Ocho años de espera por un código para la niñez

Lunes 12 de mayo de 2014 - 12:00 a.m. 
El anteproyecto, engavetado en la Asamblea Nacional, es una de las iniciativas del Gobierno de Panamá sin ejecutar
Archivo | La Estrella de Panamá



El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC) presentó el último reporte sobre la lucha frente a la violencia contra niños y niñas en América Latina.
El propósito del informe, divulgado la semana pasada, es determinar los avances en la implementación del Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los niños y niñas entre 2011 y 2013.
Los países tenían compromisos en tres ejes: políticas públicas y planes para combatir la violencia contra la niñez, armonización de marcos normativos para poner fin a la violencia contra la niñez y organización para mejorar los sistemas de registro de datos de forma integral.
Entre los aspectos positivos del estudio está que la mayoría de los países de la región ha realizado acciones a fin de disminuir o combatir los niveles de violencia contra la niñez.
También se reconoce variación en cantidad y calidad de políticas y planes específicos para la lucha frente a la violencia contra los niños.
El informe advierte de la necesidad de elaborar indicadores, y propone aumentar los presupuestos para estos programas, así como en la capacitación específica de funcionarios estatales.
La investigación elogió las nuevas leyes de combate contra el acoso escolar en al menos un tercio de los países, las de combate a la violencia doméstica y algunas leyes que se han adecuado a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), destacando que América Latina y el Caribe es la región que registra mayor número de adhesiones a la CDN en el mundo.
Entre los desafíos, el reporte lista la generación, almacenamiento de datos y el registro sistematizado de casos de violencia contra la niñez, el cual es uno de los principales renglones a mejorar.
Se advierte que, de continuar así, será muy difícil conocer con precisión los tipos de violencia, quiénes son los niños, niñas y adolescentes más afectados, y dónde se ubican geográficamente.
‘La pobreza y los altos índices de inequidad y violencia son los principales desafíos que deben abordarse como causas estructurales para resolver el abuso, la explotación, la negligencia y otras formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes’, se menciona.

SITUACIÓN DE PANAMÁ
La situación del país se presentó en cuatro estadios: Sistema de dato integrado, Planes y políticas, Marco normativo y Avances generales.
En el primer escenario, se destacó que se incluyera en los sondeos del Instituto de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República los indicadores de niñez, adolescencia y mujer.
‘En los dos últimos años se ha recopilado información sobre explotación sexual y las peores formas de trabajo infantil y se habilitó una línea para recibir denunciar en la Defensoría del Pueblo, este mecanismo es calificado como frágil’, mencionó el organismo.
Entre los avances generales cita que en 2011 se celebró un encuentro subregional con la intención de elaborar una hoja de ruta para el cumplimiento del Estudio sobre la violencia. La iniciativa está inconclusa.
Aunque la responsabilidad con las normas de protección de los menores recae en la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), no hay un grupo de instituciones específicas para las acciones contra la violencia, remarca la investigación.
En el eje de Planes y políticas, el documento sostiene que Panamá no cuenta con un Código de Niñez y Adolescencia. La falta de este instrumento ha dado pie a la aprobación de numerosos planes que se han descontinuado.
También deja ver duplicidad de funciones en entes gubernamentales. Y cita que el Despacho de la Primera Dama lleva lo relativo a la Primera Infancia, tema también lo ejecuta la Senniaf. La Defensoría cuenta una área especializada en niñez, pero no cuenta con recursos suficientes.
‘Se reportan avances limitados en planes de combate contra la explotación sexual de los menores’, señala el informe.
Las cárceles para menores están a cargo del Ministerio de Gobierno, los programas para esta población no son los adecuados y existe un sistema estigmatizador, dictamina la investigación.
En cuanto al marco normativo, dice que el castigo físico no está explícitamente prohibido y que en los dos últimos años no se presentaron iniciativas legislativas sobre la niñez y adolescencia.
Marta Santos Pais, representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Niñez, viajó a Panamá para la presentación del documento.
Santos Pais declaró que en la región persiste una brecha entre el marco normativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y la realidad diaria de millones de niños.

‘La negociación internacional de la futura agenda de desarrollo nos ofrece una oportunidad única de incluir la eliminación de la violencia contra la niñez como un objetivo a cumplir’, puntualizó.